El Paraguay se abastece de energía eléctrica a través de tres represas, Itaipú, Yacyretá y Acaray, sin embargo, la binacional compartida con Brasil es, por lejos, la principal suministradora.

Un ejemplo en números es la distribución de uno de los últimos picos de consumo, cuando la proporción fue la siguiente: Itaipú: 3.191 MW, Yacyretá: 1.306 MW y Acaray: 88 MW.

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Estas marcadas diferencias dan una idea de por qué la ANDE, entidad compradora de la energía, le debe dinero solamente a Itaipú.

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Paraguay solicita incremento de la tarifa de Itaipú: "El Paraguay siempre va a buscar lo que le conviene".

📞Ing. Félix Sosa, presidente de la @ANDEOficial

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“ANDE no está al día con Itaipú, con Yacyretá sí. Aproximadamente 40 millones se le debe a Itaipú”, confirmó el presidente de la ANDE, Félix Sosa, en una entrevista con radio Universo 970 AM- Nación Media.

El titular señaló que, esta no es la primera vez que se registra un atraso, pero que, se considera dentro de lo normal y que, la deuda será cancelada en su momento.

El presupuesto total para el pago de la compra de potencia y energía de la ANDE a las binacionales es de 550 millones de dólares, con lo cual se irá cubriendo.

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Santiago Llano Marín (28) falleció el martes por la noche luego de un accidente de tránsito sobre la Ruta Eco Via San Bernardino-Luque, donde su camioneta Toyota Hilux chocó contra un camión de la marca Mercedes Benz.

La Fiscalía abrió una investigación al respecto e imputó por homicidio culposo al señor Adán David Ortellado, chofer del camión, quien prestó declaración esta mañana y obtuvo medidas alternativas a la prisión, bajo una fianza de G. 500 millones.

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Por su parte, Blas Llano, padre del fallecido, dijo hoy en una entrevista con Telefuturo que no accionará contra el chofer ni impulsará ninguna medida en su contra.

Además de quedar sujeto a la fianza, sobre el chofer pesan otras medidas como: obligación de presentar mensualmente ante el Juzgado y las prohibiciones de salir del país y de consumir bebidas alcohólicas.

Ortellado aseguró que durante el percance ocurrido el martes por la noche, solamente sintió el impacto de la camioneta.

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Ronald Javier fue detenido en una barrera policial en Pedro Juan Caballero, y la revisión de los varios celulares que llevaba, determinó que uno de ellos revele su ubicación al momento del asesinato múltiple. Con esta aprehensión suman dos los capturados en torno al luctuoso suceso. El primero había sido el 15 de enero pasado, cuando detuvieron a Ángel Vera Benítez, un sujeto con frondosos antecedentes, cuatro de los cuales por secuestros.

La ejecución de los seis integrantes de la estancia Piky, según las pesquisas, tiene dos hipótesis de posibles causas. Una de ellas señala que los sicarios habrían actuado por mandato del recientemente fallecido Clemencio “Gringo” González.

Este habría pagado a los matones, impulsado por su afán de vengar el asesinato de su hijo Charles González, ocurrido el año pasado en Pedro Juan Caballero. Al parecer de los investigadores, Gringo habría recibido la información de que tres de los seis hombres que estaban en la estancia, habrían sido los que mataron a Charles. Y que para “asegurar”, los sicarios mataron a los seis.

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Representantes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura acudieron esta mañana hasta el Hospital Militar, a fin de interiorizarse sobre la situación del cadete Ángel González (20), quien fue sometido a una intervención quirúrgica tras ser víctima de una agresión en la Academil.

Desde el sistema de turno del MNP se realizó un relevamiento de información sobre las circunstancias en que se registró el hecho, tomando contacto con autoridades del Ministerio de Defensa Nacional, de manera a determinar las acciones a tomar en este caso.

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A través de un comunicado divulgado este jueves, destacaron la rápida intervención del ministro de Defensa, Óscar González, así como también la pronta identificación y arresto del supuesto autor, quien sería estudiante del cuarto curso.

“En sucesivas intervenciones sobre denuncias de tortura y malos tratos en los establecimientos militares, entre los que se cita la Academil, el MNP recomendó una serie de medidas de prevención, especialmente en la aplicación de castigos por parte de pares cadetes superiores”, refiere el texto.

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El Mecanismo de Prevención de la Tortura insta a a determinar las responsabilidades que pudieran recaer sobre otras autoridades militares en caso de que las mismas hayan tenido conocimiento y/o tolerado este tipo de hechos.

Así también, piden que la justicia ordinaria (en este caso, la Fiscalía) pueda impulsar una investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió la agresión y que se aplique la sanción requerida fuera del ámbito militar.